Haití, una crisis sin salida: El poder de las pandillas y los desafíos para la República Dominicana

Haití tendrá que esperar hasta julio de 2027 para intentar recuperar la normalidad democrática. El Consejo Electoral Provisional anunció el 29 de octubre un nuevo calendario que traslada las elecciones presidenciales y legislativas, inicialmente previstas para diciembre de 2026. La primera vuelta se celebrará el 18 de julio de 2027 y la segunda, junto con los comicios locales, el 4 de octubre. Es otro aplazamiento para un país que no celebra elecciones nacionales desde 2016 y que todavía no encuentra una salida a la profunda crisis política y de seguridad que arrastra desde hace varios años. La decisión no responde a un simple problema de organización. En buena parte del territorio haitiano, las autoridades carecen de capacidad para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin exponerse a la violencia. Los candidatos tampoco tienen aseguradas las condiciones para desarrollar sus campañas, mientras que numerosas comunidades permanecen bajo el control de organizaciones armadas. En esas circunstancias, establecer una fecha electoral no significa que existan las condiciones para cumplirla. El nuevo calendario vuelve a colocar esa realidad en el centro de la discusión. La crisis tiene raíces anteriores, pero el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, marcó un punto de inflexión. Su muerte dejó al país sin una autoridad presidencial electa y profundizó las disputas entre los sectores políticos que no han conseguido establecer un mecanismo de transición con suficiente respaldo. Desde entonces, los gobiernos provisionales han tenido dificultades para recuperar la confianza ciudadana y organizar un proceso que permita renovar las principales instituciones mediante el voto. Ese vacío ha sido aprovechado por las pandillas, que dejaron de ser grupos criminales confinados a determinados barrios para convertirse en estructuras capaces de disputar el control territorial y económico al Estado. Sus actividades incluyen secuestros, extorsiones, asesinatos, ataques contra comunidades y restricciones al tránsito de personas y mercancías. En algunas zonas, los grupos armados imponen sus propias reglas y deciden quién puede circular, trabajar o desarrollar actividades comerciales. Puerto Príncipe concentra buena parte de esta violencia, pero el problema ha rebasado los límites de la capital. Las organizaciones criminales han extendido sus operaciones hacia departamentos como Artibonite, Centro y Sudeste, donde encuentran carreteras, comunidades agrícolas y corredores estratégicos que les permiten ampliar su influencia. La expansión territorial complica las operaciones de seguridad: recuperar una localidad no garantiza que las bandas no se trasladen a otra ni que pierdan su capacidad para reorganizarse. Las consecuencias se reflejan en cifras que describen una emergencia humanitaria de enormes proporciones. Alrededor de 1.5 millones de personas se encontraban desplazadas internamente en septiembre de 2026, según las estimaciones recogidas en el balance original del Banco Mundial. Además, los registros de organismos internacionales contabilizaron más de 5,700 personas muertas o heridas entre enero y septiembre como consecuencia de la violencia y las operaciones de seguridad. El hambre añade otra dimensión a la tragedia. Una evaluación publicada el 28 de octubre por organismos vinculados a Naciones Unidas estimó que 5.94 millones de haitianos enfrentan inseguridad alimentaria aguda. De esa cantidad, cerca de dos millones se encuentran en condiciones de emergencia. Más de la mitad de la población tiene dificultades para conseguir alimentos suficientes, una situación agravada por el desplazamiento, el encarecimiento de los productos y las dificultades para transportar mercancías hacia los mercados. Detrás de estas cifras hay familias que han perdido sus viviendas, agricultores que no pueden regresar a sus terrenos y comunidades que dependen de la ayuda humanitaria para cubrir necesidades elementales. La violencia ha interrumpido actividades productivas, desplazado trabajadores y dificultado la distribución de alimentos. El resultado es una sociedad cada vez más vulnerable, con menos recursos para recuperarse y una población que debe resolver sus necesidades cotidianas en medio de la incertidumbre. La economía tampoco ofrece señales alentadoras. Haití acumula ocho años consecutivos de contracción económica y las estimaciones del Banco Mundial citadas en el documento sitúan la caída del producto interno bruto real en aproximadamente un 1.5 % durante 2026. La inflación permanece por encima del 20 %, lo que reduce todavía más la capacidad de compra de los hogares. El impacto de la inseguridad se siente en toda la cadena económica. Cuando una banda controla una carretera o exige dinero para permitir el paso de un camión, el costo termina trasladándose al precio de los productos. Los comerciantes deben asumir gastos adicionales, el transporte se vuelve más complicado y los consumidores encuentran cada vez mayores dificultades para adquirir alimentos y otros bienes básicos. En el campo, numerosos productores han abandonado sus terrenos por temor a los ataques o porque no pueden trasladar sus cosechas. A esta situación se suma el deterioro de los servicios sanitarios y educativos. Los centros de salud enfrentan limitaciones para atender a la población y muchas escuelas han tenido que suspender sus actividades. Haití no solamente tiene dificultades para producir y comercializar; también pierde las condiciones mínimas para garantizar servicios esenciales y formar a las nuevas generaciones. La respuesta internacional, entretanto, continúa enfrentando obstáculos. La misión de apoyo a la seguridad, transformada posteriormente en la Fuerza de Supresión de Pandillas, fue concebida para respaldar a la Policía Nacional haitiana y contribuir a recuperar el control de las zonas dominadas por grupos criminales. Sin embargo, los problemas de financiamiento, equipamiento, personal y coordinación han limitado su capacidad operativa. La reciente participación de El Salvador ha añadido otro elemento a un escenario ya complejo. Después de una emboscada en la que desaparecieron cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños, el presidente Nayib Bukele anunció el envío de más de 2,000 militares para respaldar las labores de búsqueda y las operaciones de seguridad. La naturaleza y el alcance de ese despliegue han generado interrogantes, especialmente porque no está completamente definido si esos efectivos actuarán bajo la estructura de la fuerza internacional o mediante un mecanismo independiente. La presencia de contingentes extranjeros confirma que la crisis ha superado las dimensiones de un problema exclusivamente interno. Pero también plantea una pregunta que sigue sin respuesta: ¿hasta dónde puede llegar una intervención militar si no existe una autoridad haitiana con capacidad para administrar los territorios recuperados? Una operación de seguridad puede despejar carreteras, proteger instalaciones y enfrentar a los grupos armados. No puede, por sí sola, reconstruir los tribunales, garantizar servicios públicos, reactivar la economía ni establecer un gobierno reconocido por la población. Sin avances en esos ámbitos, cualquier recuperación territorial corre el riesgo de ser temporal. Para la República Dominicana, lo que ocurre al otro lado de la frontera tiene consecuencias que van mucho más allá de la relación diplomática con su vecino. Los dos países comparten una isla y una frontera terrestre de aproximadamente 391 kilómetros. Por tanto, la evolución de la crisis haitiana incide directamente en la seguridad nacional, el comercio, la migración y la estabilidad de las comunidades fronterizas. La vigilancia de la frontera constituye una de las principales preocupaciones del pueblo dominicano. Las autoridades han reforzado los controles migratorios y la presencia militar en las provincias limítrofes, particularmente en las regiones noroeste y suroeste. También han informado sobre el fortalecimiento de los puestos de chequeo, la supervisión de las rutas de acceso y la verificación biométrica de las personas que participan en los mercados binacionales. El propósito es impedir que las organizaciones criminales aprovechen el debilitamiento institucional de Haití para extender sus operaciones hacia territorio dominicano. El presidente Luis Abinader ha sostenido que la frontera se encuentra en su mayor nivel de protección y ha advertido que no permitirá la presencia de bandas haitianas a menos de 20 kilómetros del territorio nacional, por la paz y estabilidad del pais ojalá y esto pueda cumplirse al 100 %. El Ministerio de Defensa ha señalado que las organizaciones criminales controlan al menos el 70 % de Puerto Príncipe y corredores logísticos importantes. Aunque los desplazamientos poblacionales identificados se dirigen principalmente hacia otras zonas de Haití, la posibilidad de que la violencia genere nuevos movimientos migratorios obliga a mantener una vigilancia constante. República Dominicana también ha mantenido una cooperación logística con la fuerza internacional para facilitar el tránsito de contingentes, evacuaciones médicas y transporte de suministros. Esta participación exige cautela. El país tiene interés en que Haití recupere la estabilidad, pero debe evitar involucrarse militarmente en un conflicto interno cuyas consecuencias podrían resultar difíciles de controlar. El comercio bilateral representa otro motivo de preocupación. Haití constituye uno de los principales mercados para los productos dominicanos y tiene una importancia considerable para empresas industriales, agroindustriales y comerciales. Las exportaciones dominicanas hacia ese destino alcanzaron los US$1,040.52 millones hasta septiembre de 2026, según las cifras atribuidas a la Dirección General de Aduanas. La permanencia de ese intercambio comercial depende, en buena medida, de que las mercancías puedan circular dentro del territorio haitiano. Una empresa dominicana puede completar la exportación y entregar sus productos en la frontera, pero eso no garantiza que lleguen sin dificultades a su destino final. Las extorsiones, los bloqueos y el control de carreteras por parte de las pandillas encarecen la distribución y generan incertidumbre para los comerciantes. Las consecuencias pueden sentirse también en el lado dominicano, especialmente entre los sectores productivos que dependen del mercado haitiano. Una reducción prolongada de las exportaciones afectaría las operaciones empresariales, el empleo y las actividades comerciales de las comunidades vinculadas al intercambio fronterizo. Por eso, la estabilidad de Haití no es un asunto ajeno a la economía dominicana. La migración completa este panorama. La violencia, la falta de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida aumentan la presión para que miles de haitianos busquen protección y oportunidades fuera de su país. Por su cercanía geográfica y sus diferencias económicas, República Dominicana figura entre los destinos más próximos. El Estado dominicano tiene la responsabilidad de aplicar sus leyes migratorias, controlar sus puntos de entrada e identificar a quienes ingresan al territorio nacional. Esa política debe ejecutarse con capacidad institucional y respeto a las obligaciones humanitarias e internacionales. El desafío no se limita a reforzar los controles: también implica evaluar la capacidad de los hospitales, los servicios públicos, el mercado laboral y las comunidades que reciben el impacto de los movimientos migratorios. La República Dominicana tiene razones legítimas para defender su territorio y reclamar una mayor participación de la comunidad internacional. No le conviene tener como vecino a un país sin instituciones funcionales, con autoridades que carecen de legitimidad democrática y donde organizaciones criminales controlan amplias zonas. Sin embargo, resolver esa crisis no puede convertirse en una responsabilidad exclusiva del pais. La solución requiere la participación de los propios haitianos y un compromiso internacional sostenido. El tráfico ilegal de armas y las redes económicas que financian o protegen a las pandillas tampoco pueden quedar fuera de cualquier estrategia. Mientras esas organizaciones tengan acceso a recursos, armamento y mecanismos de protección, las operaciones militares difícilmente conseguirán desarticularlas de manera permanente. Perseguir a los grupos armados es necesario, pero también hay que investigar las estructuras que les permiten financiarse y mantener su influencia. El aplazamiento de las elecciones hasta julio de 2027 puede entenderse como el reconocimiento de que Haití todavía no reúne las condiciones para celebrar unos comicios creíbles. Votar en comunidades sometidas a la intimidación de grupos armados, con millones de personas desplazadas y dificultades para acceder a los centros electorales, pondría en riesgo la legitimidad de los resultados. Pero cada aplazamiento tiene consecuencias políticas. La transición se prolonga, la incertidumbre aumenta y la población continúa sin mecanismos democráticos sólidos para renovar a sus autoridades. Haití necesita recuperar las condiciones para votar, pero tampoco puede permitir que la inseguridad se convierta en una justificación permanente para mantener suspendida la vida democrática. El nuevo calendario solo tendrá sentido si durante los próximos meses se producen avances verificables. Será necesario recuperar territorios, garantizar la seguridad de candidatos y electores, fortalecer el registro de votantes y asegurar que las autoridades electorales puedan desarrollar su trabajo sin presiones. También hará falta un acuerdo político que permita reconocer los resultados y facilite la instalación de un gobierno con legitimidad. De lo contrario, julio y octubre de 2027 podrían convertirse en otras fechas que terminen modificándose sin que cambie la realidad del país. Para República Dominicana, el escenario exige firmeza en la protección de su frontera, pero también una política exterior capaz de impulsar una respuesta internacional más efectiva. La seguridad nacional obliga a prepararse para las consecuencias inmediatas de la crisis; el interés económico y la estabilidad regional exigen, además, que Haití pueda reconstruir sus instituciones y recuperar el control de su territorio. La crisis haitiana no puede analizarse como un problema que permanecerá indefinidamente dentro de sus fronteras. Lo que ocurre en ese país tiene efectos sobre el comercio, la migración y la seguridad de toda la isla. República Dominicana puede reforzar sus mecanismos de protección y administrar las consecuencias que se presenten, pero no tiene capacidad para sustituir a las instituciones haitianas ni para resolver por sí sola un conflicto de profundas raíces políticas y sociales. El verdadero desafío no consiste únicamente en conseguir que los haitianos acudan a las urnas en 2027. Consiste en reconstruir un Estado capaz de garantizar seguridad, administrar justicia, ofrecer servicios y permitir que sus ciudadanos decidan libremente quiénes deben gobernarlos. Mientras las pandillas mantengan su poder, el hambre continúe extendiéndose y las instituciones sigan debilitadas, cualquier calendario electoral estará expuesto a fracasar. La estabilidad de Haití es una necesidad para sus ciudadanos, pero también un asunto de interés nacional para la República Dominicana. Lo que está en juego no es solamente el futuro político de un país. Es la posibilidad de que dos naciones que comparten una misma isla puedan desenvolverse en condiciones de mayor seguridad, cooperación y estabilidad. Por: Lisset de los Santos . La entrada Haití, una crisis sin salida: El poder de las pandillas y los desafíos para la República Dominicana se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana) .